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Browse products winning on TikTokEl absurdo kafkiano de un sistema de transporte público que gasta millonadas en campañas corporativas y tornos de vigilancia mientras niega sistemáticamente el derecho más elemental a la dignidad fisiológica de sus usuarios, castigando con multas desproporcionadas a los trabajadores que caen en la trampa de no tener dónde aliviar una urgencia biológica. El reciente sainete de la sanción impuesta a César por orinar en los pasillos del Metro de Madrid pone una vez más sobre la mesa la miseria institucional de unas infraestructuras públicas gestionadas con criterios de desprecio absoluto hacia las necesidades reales de la gente corriente. Resulta insultante que la Comunidad de Madrid, tan diligente a la hora de privatizar servicios y colocar cámaras para vigilar hasta el último parpadeo del viajero, sea incapaz de cumplir con una norma elemental de salubridad y civismo que debería ser sagrada en cualquier gran ciudad del siglo XXI: abrir y mantener lavabos públicos, limpios y accesibles en todas las estaciones de la red. La excusa recurrente de los gestores públicos de que los baños generan problemas de mantenimiento o vandalismo es una tomadura de pelo intolerable que solo busca camuflar su racanería presupuestaria y su negativa a destinar recursos a los servicios colectivos de la clase trabajadora. Mientras los directivos de la empresa pública y los políticos de turno campan a sus anchas por despachos oficiales provistos de todas las comodidades imaginables, el ciudadano de a pie, el repartidor, el anciano o la persona con problemas médicos se ven abocados a una gymkana tercermundista cuando la naturaleza aprieta en pleno subsuelo madrileño. Criminalizar a un usuario con una multa draconiana en lugar de asumir la responsabilidad política de una carencia tan vergonzosa es la prueba definitiva de que los gobernantes neoliberales conciben el transporte público como un negocio insensible y no como un derecho ciudadano. La verdadera decencia urbana no se impone a base de multas punitivas y autoritarismo recaudatorio, sino garantizando infraestructuras dignas donde lo humano deje de ser tratado como un lujo clandestino.
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